Publicado en Eleconomista.es el 5 de junio de 2021
Durante lustros, con el antiguo presidente de Red Eléctrica, Jorge Fabra, a la cabeza, muchos hemos estado quejándonos de la perversión del esquema marginal de fijación de precios (el último fija el precio para todos). Durante este periodo se nos ha tachado, por parte de la tecnoestructura económica y energética defensora de los sistemas marginalistas regulados, de ser unos analfabetos por cuanto “está acreditado en la ciencia económica que el sistema del precio marginal es el más eficiente para la fijación de precios” (cita literal correspondiente a un antiguo director general, hoy socio de una consultora de renombre). En resumen, hay algunas personas y empresas que consideran no solo normal sino muy eficiente, en términos de la economía nacional, que se perciba un precio de hasta ocho veces el coste de un producto o servicio.
Ahora, cuando se hace cristalino que la famosa “transición gemela” no va a ser desde luego gratis, alguien ha decidido actuar, quizás por haberse caído del caballo en su camino a Damasco. Las prisas suelen ser malas consejeras, máxime cuando se unen a un deseo propagandístico lógico en cualquier poder público (no hay gobierno que no quiera promocionar la bondad de sus decisiones), y mucho me temo que este sea un caso de libro de soluciones simples a un problema extraordinariamente complejo.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de junio un anteproyecto de ley que, lejos de entrar en el nudo gordiano de la organización del sistema de fijación de precios, se plantea una figura para “minorar los beneficios caídos del cielo” a algunas instalaciones no emisoras de gases de efecto invernadero.
Una brillante académica, convertida ahora en propagandista del Gobierno, exhorta desde los medios públicos de comunicación a “una aprobación urgente de la propuesta”, casi como un ucase, sin que se abra debate.
Mis compañeros expertos en el tema energético están estudiando el texto a marchas forzadas —la consulta pública se limita a 9 días naturales [sic], un plazo escandalosamente ridículo—, para realizar las alegaciones pertinentes en tiempo y forma. No obstante, me van a permitir que haga aquí algunos comentarios apresurados.
En primer lugar, parecía existir un consenso en que TODAS las medidas de carácter social deben cargarse a los PGE para permitir la asunción de responsabilidades y el control parlamentario y del Tribunal de Cuentas de las mismas. Siempre se nos ha dicho que las medidas anteriores —por ejemplo, la compensación a los sobrecostes eléctricos extrapeninsulares— requerirían periodos transitorios para su traslado a los PGE. Pues bien, ese principio de buen gobierno desaparece en el anteproyecto de ley que propone dedicar el 10% de lo obtenido con la nueva exacción a “financiar a los consumidores vulnerables”. Parece que cuando entran las prisas la coherencia desaparece de la escena.
Eliminar el 7% del impuesto a la producción eléctrica resulta una medida más rápida y sencilla de reducir el coste eléctrico. El rango de ley de este anteproyecto lo permite y además no será gravosa para la Hacienda pública, que también está teniendo otro beneficio inesperado y caído del cielo: el derivado del precio del C02.
Y desde luego los precios del mercado eléctrico no van a bajar ni un solo euro, esto hay que recordarlo. A todos los gobiernos les encanta encontrar “sacos de fondos” y el anteproyecto de ley no es una excepción, por cuanto, a pesar de lo que se dice, los consumidores primero deberán pagar unos precios artificialmente hinchados por el sistema del precio marginal y, solo posteriormente, podrán recibir una compensación en forma de una rebaja de los costes regulados. Salvo que mi lectura nocturna del anteproyecto sea errónea, eso es lo que va a suceder.
En resumen, bienvenido sea el final de las sobreretribuciones a todos los actores y todas las tecnologías no emisoras de CO2, con independencia de su tamaño. Los consumidores eléctricos deben pagar el precio justo —con un beneficio industrial razonable— que no lleve aparejados los beneficios caídos, en este caso, del CO2.
