Escribo al rebufo de algunas noticias y comentarios aparecidos en medios europeos sobre la posibilidad de que los gobiernos respectivos, incluyendo los niveles regionales, entren en el accionariado de algunas empresas siderúrgicas “para evitar su cierre”. En este sentido, se han pronunciado desde los “liberales” británicos en relación con las fábricas de Tata Steel, a algunas autoridades eslovacas, y, con menos declaraciones pero más efectividad, el gobierno italiano que ha renacionalizado “temporalmente” ILVA y la mantiene abierta a pesar de las continuas y cuantiosas pérdidas.
Los españoles de mi generación conocemos muy bien los riesgos y costes derivados de la política de socialización de pérdidas. Conviene recordar que ENSIDESA tuvo que absorber UNINSA a mediados de los setenta, como consecuencia de la primera crisis del petróleo, y que Altos Hornos del Mediterráneo fue nacionalizada por la fuga de sus accionistas, en 1978. Altos Hornos de Vizcaya, aunque se mantuvo nominalmente como una empresa privada que incluso cotizaba en bolsa, precisó del apoyo gubernamental hasta el último día de su existencia. Hay muchos más ejemplos, siempre en la estela de socializar las pérdidas (el extinto INI y su sucesora, la SEPI, tiene, todavía al día de hoy algunas empresas derivadas de esas políticas).
Los intentos de que los gobiernos vuelvan a rescatar a empresas en crisis, aunque comprensibles por parte de los políticos locales y de algunos sindicatos, están condenados, de acuerdo con la experiencia, al fracaso más estruendoso. Además, la pervivencia de empresas que sólo se mantienen con apoyo gubernamental, suponen un lastre para el resto de las empresas del mismo sector que tendrán muy difícil competir contra alguien que “no puede cerrar”.
Hemos visto casos recientes en los que ha sido posible conseguir financiación privada para aportar soluciones. Pero si no existe esta alternativa, las crisis empresariales deben solventarse apoyando a los trabajadores que pierden su empleo y desarrollando auténticos planes activos de empleo en las comunidades afectadas, pero no derrochando dinero en mantener “muertos vivientes”, por mucho que se esgriman excusas.
