La Comisión Europea presentó en 2015 el denominado paquete de economía circular. En el corazón de Europa, el Parlamento Europeo está en este momento discutiendo varias de las normativas que la Comisión desea modificar.
Con esta nueva iniciativa legislativa se pretende resolver muchos de los problemas existentes en materia de gestión de residuos. Pero la Unión Europea ambiciona ir más allá, pretende desmantelar parte de la cultura del usar y tirar, tan arraigada en Europa, imponiendo normas que obliguen a que los productos duren más, se reparen más fácilmente y sean más reciclables.
La verdadera economía circular debe basarse en alcanzar las máximas tasas de reciclaje, pero también en desarrollar un nuevo concepto de diseño de productos. El problema es que nuestras economías están basadas en comprar más, vender más y producir más y este concepto debe cambiar. Los productos han de durar más, con una mayor infraestructura que facilite su reparación, ser fácilmente desmontables y sus materiales de fabricación totalmente reciclables.
Y si el material de fabricación debe ser 100% reciclable, también debe garantizarse la existencia de la infraestructura necesaria que permita su recogida, clasificación, acondicionamiento y reciclaje final. El residuo deberá ser trazable en todo momento y no se podrá contabilizar jamás como reciclado hasta que se haya transformado en un verdadero nuevo producto útil para la sociedad.
Por otro lado, resultará fundamental garantizar que todos los residuos alcanzan sus máximas cotas de aprovechamiento, no debe desperdiciarse nada que pueda representar un recurso valioso. Es importante innovar en aplicaciones y usos, probar materiales reciclados como nuevas fuentes de materias primas. La Administración puede jugar en ello un papel clave abriendo camino, liderando y dando ejemplo con las compras públicas y favoreciendo con incentivos económicos el uso de subproductos y materiales reciclados.
La exportación ilegal de residuos se ha revelado también como un grave problema que la Unión europea está empeñada en atajar. Hace poco, el informe[1] preliminar del estudio encargado por la Comisión Europea para analizar la implantación de la Directiva de Vehículos fuera de uso, publicaba que anualmente desaparecen del parque móvil de la Unión Europea entre 3,4 y 4,6 millones de vehículos. Esto significa que entre 20 y 55,2 millones de litros de líquidos peligrosos están en paradero desconocido. Por otro lado, la posible mala gestión del ácido de las baterías de plomo así como la quema de plásticos, también plantean graves preocupaciones. Por el momento no se dispone de información concluyente, pero se sospecha que estos vehículos se están exportando para desmantelarse o venderse por piezas, fuera de la Unión, sin las suficientes garantías ambientales o de protección a la población. Recordemos que un vehículo fuera de uso es un residuo peligroso por la cantidad de aceites y productos tóxicos que puede contener.
No hay vuelta atrás, la economía circular es el único camino viable para hacer posible la subsistencia de nuestra creciente población en este pequeño planeta en el que habitamos. Los responsables políticos deben tomar las medidas necesarias que garanticen esa vuelta de tuerca que necesita nuestra sociedad de consumo.
