¿Un verdadero impulso a la economía real?
La nueva Comisión Europea ha impulsado un inicialmente ambicioso plan de inversiones con el objetivo de contribuir a dinamizar la débil economía europea. Como casi siempre en Europa, el peligro se encuentra tanto en los detalles como en la reticencias de los estados miembros que, por un lado, preferirían (los hipotéticos beneficiarios del fondo) una gran libertad de maniobra, y por el otro, estados que consideran que ese plan puede relajar el fallido dogma de la austeridad que se resisten a abandonar.
Adicionalmente, la cuantía de la cifra esconde una débil dotación presupuestaria que pretende atraer inversión privada, lo que es loable pero a veces incompatible con actividades de rentabilidad a muy largo plazo o con pura rentabilidad social.
Nuestro Gobierno ha manifestado su prioridad en el impulso de la interconexión eléctrica, prioridad que UNESID comparte plenamente si se refleja en un menor coste de la energía eléctrica para los consumidores y no en ventajas adicionales para otros actores del sistema.
En un breve resumen, el plan se financiará con un nuevo Fondo, creado por la Comisión Europea, que aportará garantías de hasta 16.000 millones de Euros a una inversión real del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 5.000 millones de Euros. Con esa dotación inicial, el Fondo se endeudará para alcanzar un monto de 63.000 millones, al tiempo que intentará atraer las esperadas aportaciones de los estados miembros [sic], y proyecto a proyecto, a la iniciativa privada hasta completar el objetivo de 315.000 millones en el período que abarca de 2015 a 2018.
En todo caso, la dificultad de conciliar intereses va a poner a prueba la acreditada habilidad del Presidente de la Comisión, que ya ha adelantado su intención de mantener la mayoría en la gobernanza del nuevo Fondo. Al tira y afloja con los estados miembros, se une la obsesión que el BEI tiene por mantener el “rating triple A” (difícil de comprender después del fiasco de las sub-prime), lo que puede llevar al Fondo a invertir en proyectos que se harían sin necesidad alguna de intervención de los poderes públicos. A eso hay que sumar el interés de otros actores, entre los que destaca un fragmentado Parlamento Europeo, por “lo suyo”.
Las prioridades inversoras son muy diversas, y en algún caso con ciertas dosis de inocencia, sobre todo si el nivel de apalancamiento se mantiene, por lo que sería deseable que los Estados miembros se aprovechen de la ventana que la Comisión ha abierto (las aportaciones y/o garantías al Fondo no serán computables a efectos del cumplimiento de las obligaciones presupuestarias).
A pesar del escepticismo que muchas veces y con toda la razón invade las iniciativas europeas, lo realmente importante es que el Plan se ponga en marcha este año, sin secretismos innecesarios, e impulse decididamente la débil economía europea al tiempo que se aprovecha la oportunidad para modernizar e impulsar las infraestructuras que llevan esperando ya demasiado tiempo un programa inversor.
Los representantes de la sociedad civil debemos transmitir a los distintos gobiernos la urgencia de actuar frente a tácticas dilatorias que tan bien conocemos todos.
