Charles Darwin dijo: “No sobreviven las especies más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más rápidas sino las que mejor se adaptan al cambio”.
El sector siderúrgico sabe mucho de supervivencia. Desde sus inicios ha tenido que enfrentarse constantemente a cambios económicos, tecnológicos y sociales. Valga como ejemplo la durísima crisis económica de la que aún estamos saliendo.
Para poder sobrevivir hay que ser competitivo. Si pierdes clientes debes salir a buscar otros nuevos o de lo contrario no podrás subsistir. En situaciones como la actual, en la que el sector siderúrgico exporta más del 60% de su producción, debemos tener en cuenta además que estamos compitiendo con otros fabricantes que soportan menores costes y que, por tanto, sólo la competitividad y diferenciación nos permitirá seguir en el mercado.
Cuando hablo del retorno de la formación no me refiero a que la formación haya desaparecido y ahora esté volviendo. Lo que digo es que, en España, las empresas, mediante las cotizaciones de sus empleados a la Seguridad Social, gastan el 0,6% de los salarios para formación y les retorna como mucho un 30% de esa cantidad que han aportado. Esto sucede porque por el camino se financian o se utilizan esos fondos para políticas activas de empleo que nada tienen que ver con la formación, para estructuras organizativas relacionadas con la gestión e incluso, en los últimos años, para formación a desempleados.
Si a todas estas reducciones le añadimos las trabas administrativas y los requisitos a cumplir que poco tienen que ver con la realidad de las plantillas de las empresas o las necesidades formativas, como por ejemplo la prioridad en la formación a los trabajadores que pertenezcan a determinados colectivos como mayores de 45 años, víctimas de la violencia de género etc. aspectos muy loables pero que en muchas ocasiones no están representados en las estructuras reales de las empresas nos encontramos con la casi imposibilidad de poder cubrir la cantidad bonificable. Este sinsentido hace que no sólo no pueda recuperarse ese 30% gastado sino que la formación continua que se realice vaya fuera de las bonificaciones, incrementando así los costes y por tanto disminuyendo la competitividad.
Sin formación, no hay mejora continua ni tampoco hay futuro, porque no se pueden mejorar las competencias del personal, unas competencias que son necesarias para mejorar los procesos y los productos, unos productos que son los que nos van a permitir sobrevivir en el mercado.
El coste de la formación debe ser cubierto con el total de las cantidades aportadas por el empresario a la Seguridad Social y no suponer un sobrecoste adicional que no repercute en el desarrollo del trabajador y que, por tanto, y a la larga, merma nuestro capital humano.
