El Gobierno anterior nos había acostumbrado a las sorpresas en materia de política energética los viernes, en el Consejo de Ministros.
Con más que dudosa técnica legislativa, a veces se aprovechaba un Decreto-Ley sobre la regulación del servicio doméstico para modificar la regulación energética; otras veces, de manera más ortodoxa, el Gobierno aprobaba cambios regulatorios de gran calado para la industria en medio de una pléyade de nombramientos y otras decisiones del Consejo de Ministros.
Parecía que esto se había acabado, pero no. El Consejo de Ministros aprobó el viernes, por “razones de urgencia” un Decreto-Ley que en sus 38 páginas contiene temas de importante impacto social (protección a los consumidores vulnerables) sobre las que se puede alegar urgencia con otras que difícilmente se pueden entender como urgentes.
En una lectura apresurada se aprecia que el Decreto-Ley modifica cinco leyes, publicadas entre 1992 y 2018, seis Decretos (publicados entre 2000 y 2017), deroga parcialmente dos (2011 y 2015) y modifica una Orden Ministerial de 2017. Mucha enjundia para algo tan urgente.
Alguien podría pensar que algunas de las medidas pretendidamente urgentes son guiños a la galería o, directamente, a algunos de los aliados parlamentarios ocasionales del Gobierno.
La técnica del Decreto-Ley permite al Gobierno obviar el informe preceptivo tanto del Consejo de Estado como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y facilita negociar el apoyo de otros grupos en una única votación, frente al procedimiento ordinario, con enmiendas y varias votaciones sobre el mismo proyecto.
Confiamos en que el Gobierno publique, cuanto antes, la imprescindible memoria económica para conocer el impacto económico que tendrán las medidas probadas en el resto de los consumidores y el alcance presupuestario del Decreto-Ley que, insisto, incluye modificaciones normativas para las que no soy capaz de encontrar la urgencia.
La política energética requiere plazos necesariamente largos en su diseño e implantación (por ejemplo el impuesto a la producción eléctrica y la regulación del autoconsumo) y no me parece que el Decreto-Ley aprobado el viernes sea el mejor instrumento para ello.
