El Consejo de Ministros adoptó un acuerdo de una declaración por la emergencia climática y ambiental
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200121.aspx#CLIMA
El Acuerdo de Emergencia Climática, que carece de materialidad jurídica o administrativa, es una declaración política de intenciones del Gobierno, a corto, medio y larguísimo plazo. Destaca el compromiso en los cien primeros días de cinco puntos, de los cuales tres son compromisos concretos y dos meras declaraciones de intenciones: el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, el plan nacional de adaptación al cambio climático o la asamblea ciudadana, a la que me referiré más adelante son actuaciones concretas y acotadas. Mientras que “definir la senda de descarbonización a largo plazo” e “impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario”, son puras manifestaciones de voluntad que requerirán un refinamiento y concreción posterior.
La declaración
Adicionalmente, se listan hasta venticinco líneas prioritarias (una exageración, la verdad) que van desde manifestaciones bienintencionadas, hasta prohibiciones expresas (exploración o investigación de yacimientos de hidrocarburos y fractura hidráulica). En una primera lectura, echo en falta una línea prioritaria específica a la formación continua, así como un desarrollo de estimaciones económicas de las ambiciosas propuestas y de su financiación.
Compromiso de la industria siderurgia española
La industria siderúrgica española se ha comprometido públicamente con la neutralidad climática antes de 2050 (https://unesid.org/detalle_contenido_unesid.php?m=18&d=3) y está encantada y dispuesta a colaborar con el Gobierno en el proceso de descarbonización, convencida de que el mantenimiento de la siderurgia en España no solo es bueno para los trabajadores, las comunidades locales en las que se ubica nuestra industria, la innovación y la economía española, sino también para el medio ambiente mundial, ya que el acero que no se produzca en España o en Europa deberá importarse de otros países que no tienen los compromisos ambientales y de protección climática que tenemos en España.
Tanto nuestra sociedad como la siderurgia tienen por tanto que avanzar por el camino de la electrificación de la actividad. La única manera de conseguirlo es que el precio de la energía eléctrica sea competitivo. Sin esta condición no solo no conseguiremos nuestros objetivos climáticos, sino que empobreceremos a la sociedad española.
Nuestra industria está comprometida con la investigación y desarrollo de nuevos procesos que, por su propia naturaleza, necesitarán tiempo para madurar su viabilidad técnica y económica. Estamos trabajando también en actuaciones de mitigación de las emisiones y en la adaptación de las instalaciones y procesos, pero ello requiere desarrollos tecnológicos, marcos regulatorios que no lo impidan y que promuevan la industria europea eficiente frente a la de otros países terceros. Y, por supuesto, un convencimiento de los usuarios (que en el acero somos todos) que fomente la compra de productos sostenibles y medioambientalmente responsables, desde las compras públicas a los consumidores privados.
A la espera de compromisos políticos
Estamos a la espera de que el Gobierno desgrane los compromisos políticos aprobados el pasado 21 de enero, y le pedimos que los acompañe de la imprescindible memoria económica, con una razonable dosis de realismo porque, como dijo Ortega, “el esfuerzo inútil conduce a la melancolía”.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico ha publicado, el 22 de enero, la nueva versión del PNIEC (https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/eae-pniec.aspx ), abriendo un periodo de consulta que finalizará el 16 de marzo (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-2710). Sería imprudente manifestar ahora una opinión, antes de estudiar todo el expediente.
No me resisto a comentar una de las medidas inmediatas del Acuerdo de Emergencia Climática aprobado por el Gobierno: el establecimiento de una “Asamblea Ciudadana del Cambio Climático” de más que dudoso encaje legal. España dispone de instituciones democráticas consolidadas, los agentes sociales, tanto asociaciones empresariales como sindicatos, tienen reconocimiento constitucional y existe una participación de la sociedad civil organizada encauzado por los distintos Consejos Económicos y Sociales, tanto nacional como en algunas Comunidades Autónomas. ¿De verdad se necesita crear otro órgano, de más que dudoso origen y al que se pretenden atribuir competencias que corresponden a órganos ya existentes y asentados?