La Unión Europea ha perdido el rumbo en el desarrollo normativo, especialmente en el medioambiental. La excesiva burocracia y el solapamiento de requisitos legales están ahogando a la industria en un mar de incertidumbre jurídica y de papeleo. La competitividad y el mercado interno merecen igual consideración que la protección del medio ambiente y la seguridad.
La UE ha generado la asombrosa cifra de 2.314 nuevos reglamentos y directivas en solo cinco años. Esta ingente cantidad de regulación ha creado una situación insostenible para la industria que se encuentra asfixiada por los requisitos técnicos y legales. Además, los reglamentos y directivas se revisan casi sin concluir aún su implantación en los estados miembros. Todo ello genera una grave incertidumbre jurídica en un momento en el que las empresas están realizando esfuerzos titánicos para hacerse un hueco en los mercados internacionales, dada la total atonía de la demanda interna.
Como ejemplo, la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) que comenzó a revisarse antes de que muchas empresas españolas contaran ya con su autorización ambiental integrada. Su versión revisada, la Directiva de Emisiones Industriales, introduce además nuevos y complejos requisitos para las empresas, como el control de la contaminación del suelo, cuando España cuenta ya con un Real Decreto (RD 9/2005) muy completo que regula esta cuestión. Sin embargo, la administración española, al trasponer la Directiva no tuvo en cuenta esta normativa ya existente lo que ha conducido a una situación paradójica, donde las empresas tienen que soportar una doble regulación que se solapa y que es contradictoria en muchos aspectos.
Otro ejemplo de esta situación delirante es la nueva propuesta de Directiva que establece valores límite de emisión para las instalaciones de combustión de entre 1 y 50 MW de potencia. Según la propuesta, estos valores límite de emisión han de cumplirlos todas las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones IPPC. Sin embargo, las instalaciones IPPC, ya disponen de valores límite de emisión en el documento BREF sobre Mejores Técnicas Disponibles. Por tanto, esta nueva regulación está duplicando y solapando requisitos ambientales y, por otro lado, desprestigiando el método de elaboración de los BREF mediante el “Proceso de Sevilla” al considerarlo insuficiente para el control de emisiones en la industria.
El mecanismo para definir las Mejores Técnicas Disponibles consiste en un intercambio de información entre los agentes implicados, que coordina y redacta el Buró Europeo de IPPC, dentro del Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) del Joint Research Center (JRC) con sede en Sevilla. El “proceso de Sevilla” conduce a los llamados BREF o Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles.
Personalmente, considero que la Comisión Europea está perdiendo el norte retroalimentando sus propias instituciones que parecen buscar únicamente una continua generación de más actividad interna, sin ser conscientes del impacto real que toda esta sobrerregulación está causando en la competitividad de la industria europea. El riesgo es real y está sucediendo en este momento, la producción industrial se está desplazando –y con ella, la riqueza económica que genera y los puestos de trabajo-, a países con muchísimo menores controles con el consiguiente daño medioambiental al planeta. Se trata, por tanto, no solo de la progresiva desindustrialización de Europa sino de un verdadero problema ambiental a escala mundial al que nuestras administraciones no deben volver la cara.
La industria siderúrgica desea competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Si nos aseguramos que la legislación es adecuada, asequible y consistente podremos tener una industria líder mundial de la que nos sintamos orgullosos, protegiendo el medioambiente a escala global y manteniendo los puestos de trabajo en Europa.
