En los últimos tiempos los ciudadanos españoles nos estamos viendo inundados con iniciativas, todas loables y bienintencionadas, que persiguen aumentar la transparencia de la actividad pública en relación con los grupos de interés en las actividades de cabildeo (es una palabra española mucho mejor que el anglicismo “lobby” y derivados).
Pero como el diablo está en los detalles, y muy en la tradición española de “taifas”, la proliferación de dichos registros no va a suponer un aumento de la transparencia, sino de la burocracia y de la carga administrativa para el conjunto de la sociedad española.
¿Quiénes realizan actividades de cabildeo? Hay actores obvios, como las asociaciones empresariales, los sindicatos, los colegios profesionales y los partidos políticos, pero otros ni son tan obvios, ni están tan bien delimitados, desde las iglesias, a las firmas de consultoría, abogados, asociaciones civiles (culturales, de vecinos, ecologistas, etc.). No parece razonable mezclar a los que tienen claramente definidos sus objetivos y representación con otros que tienen un espectro más amplio, y a veces incluso difuso.
Recapitulemos lo que hacen otros y lo que nos puede pasar aquí:
- La Unión Europea creó un registro unificado de la Comisión y del Parlamento (el Consejo no quiso participar por las reticencias de algunos estados miembros) () . Una organización se registra, se compromete a seguir un código de conducta, a facilitar determinados datos de su actividad y, a cambio tiene derecho a algunas facilidades que actúan como incentivos para registrarse: facilidad de acceso a los responsables políticos y administrativos, puede incluso acceder libremente a las instalaciones del Parlamento Europeo (un excelente ejemplo a seguir), etc.
- Algunas Comunidades Autónomas han anunciado, y puesto en marcha, sus respectivos registros de transparencia. Todos son similares, pero obligan a las “partes interesadas” a registrarse en todos y cada uno, aumentando la carga administrativa sin añadir ningún valor al conjunto de la sociedad española, y requiriendo, incluso, recursos burocráticos de las respectivas organizaciones.
- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impulsado, también, con gran publicidad, su propio registro.
- El Ayuntamiento de Madrid, en su carrera por ser la institución más abierta y transparente anunció hace unas semanas otro registro de transparencia, y suma y sigue. Eso sin mencionar que las asociaciones empresariales tienen la obligación (que no es eludible), de estar inscritas en los correspondientes registros oficiales, y están sometidas a la vigente ley de transparencia, lo que añade requisitos burocráticos de los que nadie parece acordarse.
Por supuesto que no he visto, en ninguno de los registros recientemente lanzados un análisis de los costes administrativos, que tanto para las propias instituciones, y para los grupos de interés, suponen esos registros.
Aunque soy consciente de que es muy humano, y muy español, eso de mantener lo propio y específico frente a lo general, me gustaría hacer esta ligera, y personal, llamada de atención contra la proliferación de registros individuales y solicitar que por una vez, las instituciones se pongan de acuerdo y fomenten un registro único de transparencia, con requisitos razonables e incentivos que promuevan realmente la adscripción voluntaria (el ejemplo de la UE es muy interesante) y no la proliferación de registros en una carrera a ninguna parte.
