La celebración este año del trigésimo aniversario de la creación del mercado único es una excelente ocasión para reflexionar sobre lo que nos ha deparado a los ciudadanos y empresas europeas, y lo que necesita para mantenerse y mejorarse.
Es cierto que produce melancolía hablar de mercado único desde España, donde, por mor de nuestra estructura territorial y la aplicación práctica que hacen las administraciones públicas, a veces el “Mercado único español” es un objetivo casi inalcanzable.
La celebración del aniversario del mercado único coincide en el tiempo con la amenaza que supone, para la economía europea, la puesta en marcha de la ley norteamericana de reducción de la inflación, IRA en su acrónimo inglés, (¡qué ironía!) que en realidad se refiere a sustanciosas ventajas a las inversiones industriales en ese país. La respuesta europea, en discusión, podría tener aún más efectos indeseables en el desarrollo del mercado único europeo.
Me voy a centrar en tres riesgos que afronta el mercado único: la disgregación del mismo al socaire de la reglamentación de ayudas de estado; la posible, y más que probable, fragmentación ante la ausencia de normas armonizadas y homogéneas para la venta y circulación de productos en el mercado europeo; y, por último, la ausencia de un verdadero mercado único de la energía. Hay otras amenazas, casi siempre provenientes de un mal entendido ejercicio de soberanía por los gobiernos y parlamentos nacionales, y ante la gran debilidad de la actual Comisión Europea frente a esas amenazas.
La pandemia cambió radicalmente el panorama y todos, absolutamente todos los países de la UE se lanzaron a desarrollar programas de ayudas a sus ciudadanos y empresas para que pudieran capear el temporal. La crisis energética agudizada por la invasión de Ucrania ha intensificado esas actuaciones, con el beneplácito de la Comisión, incapaz de plantear otro modelo que dejar a los estados regar con dinero público, cada cual en función de sus prioridades. Esta situación es especialmente alarmante, sobre todo para “los pobres”, en particular los del sur de Europa, cuyos gobiernos carecen de la fortaleza financiera de otros y, a veces, de la voluntad política de dar prioridad a las actividades realmente productivas y que generan valor a la sociedad española, ante tentaciones electorales o populistas, con miras a corto plazo.
A España le corresponde la presidencia rotatoria del Consejo en el segundo semestre de 2023. Aunque el calendario no ayuda, con los procesos electorales españoles ante el fin de mandato de la Comisión y del Parlamento Europeo, me gustaría que este asunto se mantenga bien alto en la lista de prioridades de la presidencia española. ¿Si existe una nueva Europa de dos velocidades, en cuál es más factible que «caiga” España?
El slogan político de «no dejar nadie atrás» morirá cuando haya una Europa de regadío y otra de secano.
