Desde finales del verano de 2021, el precio de la electricidad se ha convertido en un titular habitual en los medios de comunicación y en una de las mayores preocupaciones de las familias y las empresas. La guerra de Ucrania ha venido a agravar esta situación, ya estructural, llegando a alcanzar niveles insoportables en nuestro país.
La Comisión Europea ha lanzado una Comunicación “RE Power EU”(Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible) que pretende abordar dos problemas: por un lado, la disminución de la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos, notablemente el gas; y, por otro, atajar o atemperar el impacto que la escalada de precios de la electricidad tiene en las familias y empresas europeas. En este comentario me centraré en el segundo aspecto, mucho más urgente que el primero y muy relevante para la industria y la economía españolas.
Las recetas que la Comisión propone —que no serán efectivas mañana, ni la semana próxima, ni antes de Semana Santa—, se centran en tres aspectos:
1) la posibilidad de intervenir el precio de la electricidad para beneficiar a los consumidores vulnerables y microempresas.
2) Aumentar la posibilidad de que los Estados miembro den ayudas públicas a las empresas (los más ricos las podrán dar [Alemania, Holanda, etc.] pero otros, como España, tendrán muchas limitaciones para ello).
3) Imponer un impuesto temporal a los “beneficios caídos del cielo” como consecuencia del aumento del precio del gas natural (pero no de los derechos de CO2).
Nada se puede objetar a que los poderes públicos alivien la carga de las familias vulnerables, que ya son muchas más por el efecto de la escalada de precios, pero el resto de las medidas suponen un auténtico dislate: pretender dar una tirita para parar una hemorragia que amenaza seriamente a la economía.
Suena hiriente que se quiera solucionar el problema sin entrar siquiera de forma provisional en el esquema de formación de precios. El método de “cobrar para luego repartir”, que propugna la Comisión, supondrá que la industria electrointensiva española tenga que seguir pagando unos precios astronómicos, sin ninguna vinculación con los costes de generación reales del 80% de la electricidad producida en nuestro país.
La propuesta de UNESID, junto con otras asociaciones, es sencilla y directa: que el Gobierno, por motivos de emergencia y con carácter temporal, desacople el efecto de los combustibles fósiles en el mecanismo de formación de precios de la electricidad. No hay ninguna justificación para que se mantenga ese sistema en la situación de emergencia de guerra que estamos padeciendo.
Y esta vez, desde luego, el Gobierno será responsable de los efectos perniciosos que una ausencia de medidas inmediatas y efectivas pueda tener en la economía y el empleo en nuestro país. Los burócratas de Bruselas, muy felices en su torre de marfil, no serán responsables de esos efectos.
