Escribo esta entrada intentando no cargar las tintas sobre el conflicto de la estiba portuaria, que estaba larvado en nuestro país desde hace unos años.
Todo el mundo sabía que la regulación española de la estiba no estaba de acuerdo con la legislación europea, pero los principales actores prefirieron mirar hacia otro lado, unos por puro interés directo y otros por conveniencia político-electoral.
Cuando finalmente ha estallado el asunto, nos hemos encontrado con posturas difícilmente comprensibles; desde el “olvido” por parte del gobierno de la necesidad de negociar una mayoría parlamentaria, hasta una confusión entre la defensa de los intereses gremiales con los intereses generales de la economía española.
Esto último debería ser lo más importante, pero mucho me temo que ha quedado pospuesto en función de necesidades políticas y, por qué no decirlo, alguna demagogia incorporada a las negociaciones.
Lo cierto y verdad es que los costes salariales de la estiba en España, con honrosísimas excepciones, están desorbitados en relación con trabajos similares en la industria (y me refiero al sector con mayor estabilidad en el empleo y mayor implicación en la seguridad de los trabajadores). Y a ese problema hay que dar solución, con prudencia, con paciencia, pero sin santificar gremialismos o cofradías que tienen una justificación difícil, cuando no imposible, en esta sociedad y en esta década.
La economía española debe avanzar en una mejora constante de la competitividad y nos gustaría que los poderes públicos, más allá de sus legítimos intereses electorales, sepan capaces de poner por delante la competitividad de la economía española en su conjunto, antes que los intereses, por muy comprensibles que sean, de cualquier grupo minoritario.
