La unión Europea no parece creer en el mecanismo denominado “comercio de emisiones de gases de efecto invernadero”. Como los jugadores de ventaja, pretende cambiar las reglas del juego cuando el resultado no le gusta. Ha vuelto a pasar con la decisión, alcanzada esta semana, de adelantar la entrada en vigor de una “Reserva para estabilidad del mercado”, un bonito nombre que tan solo esconde un mecanismo para aumentar artificialmente el precio de los derechos de emisión.
La decisión acordada supone adelantar la puesta en marcha de esta Reserva a 2019, más allá de la propuesta inicial de la Comisión Europea que fijaba el año 2021. Este adelanto significa, lisa y llanamente que los ciudadanos europeos, y por supuesto la industria siderúrgica, van a tener que pagar más por la energía que consuman. A pesar del resultado, reconocemos la posición ecuánime de la administración española que, al menos, se posicionó contra el adelanto de la implantación de la misma en contra de otros estados miembros como Alemania, Reino Unido, Francia, y el grupo de los países del norte.
En el caso de nuestra industria, que sigue luchando para salir de la recesión más grave que ha sufrido nuestro país en tres décadas y que ha supuesto cierres de fábricas y sus correspondientes caídas en el empleo, este incremento de costes se une al diferencial que ya soportamos respecto de otros países competidores.
La decisión incluye la coletilla habitual de que se adoptaran las medidas adecuadas para impedir la fuga de carbono (a los burócratas europeos no les gusta utilizar la palabra deslocalización) en los sectores expuestos a la competencia internacional. Pero mientas la decisión es firme las “medidas adecuadas” están llenas de incógnitas, regulaciones y componendas.
Nuestra postura es muy clara: Si de verdad queremos eludir la deslocalización y luchar contra la desindustrialización, las instalaciones más eficientes deben disponer del 100% de los derechos de emisión, sin coste, de forma que al tiempo que se premia a las mejores, suponga un incentivo a las demás para acercarse a sus niveles de eficiencia.
Y muy importante, en el caso de la siderurgia española, la compensación por sobrecostes indirectos (el aumento del precio de la energía) sea total, sin diferencias entre países y bajo el mismo principio de premiar a los más eficientes.
Las urgencias de la vida pública española pueden sugerir que el año 2021 está aún muy lejos, pero las inversiones en nuestra industria se hacen con horizontes de 20 años, así que para la siderurgia ya es casi ayer.
