Es más fácil decir lo que no es que lo que es. No es un impuesto. Tampoco un arancel aduanero, aunque algunos sectores y medios de comunicación así se refieran a este sistema. Se trata de un mecanismo novedoso, desarrollado por la Unión Europea y aprobado el pasado mes de agosto, que pretende equilibrar el coste climático de las empresas europeas en comparación con las empresas de países terceros. Sus objetivos, luchar contra la deslocalización de la industria europea y extender a países terceros la ambición climática de la Unión.

Este instrumento de gran complejidad comenzó a rodar, en periodo de prueba, el pasado 1 de octubre. Ante su dificultad, y atendiendo al compromiso que el sector tiene con la sociedad y las partes interesadas, UNESID organizó, el pasado 20 de noviembre, un webinar en el que participaron más de 90 personas que representan al sector siderúrgico, de la transformación y distribución de productos siderúrgicos; así como a los medios de comunicación interesados en este tema. En paralelo, la industria siderúrgica esperaba que la Administración española hubiera convocado a todas las partes interesadas para explicarles el mecanismo y resolver las dudas de los operadores pero, por ahora, el único acto del Gobierno ha sido abrir un buzón de correo electrónico.

Al estar en un periodo provisional, la propia Comisión Europea (CE), que todavía tiene que desarrollar una serie de actos delegados, está en un proceso de “aprendizaje sobre la marcha” y los importadores no tendrán que pagar durante este tiempo. La propia Comisión ha publicado, recientemente, un listado de preguntas y respuestas en inglés al que se puede acceder aquí.

Adicionalmente a los dos objetivos principales (evitar la deslocalización de la industria y expandir la ambición climática de la UE), la Unión ha puesto todo el empeño en atenerse a las reglas y normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque algunos países, principalmente exportadores a la UE, manifiesten serias dudas sobre el mecanismo al que acusan de proteccionista.

Por tanto, su aplicación será gradual entre 2026 y 2034. Para evitar una doble protección a la industria europea se acompasará con una reducción de las asignaciones gratuitas a los sectores sometidos a este mecanismo.

Esta “obsesión” por la OMC ha causado algunas disfunciones relevantes a la industria europea, al desarmar las exportaciones europeas, que deberán asumir el coste climático europeo en su totalidad, lo que mermará seriamente la competitividad de la industria en los mercados mundiales.

Las responsabilidades financieras asociadas al CBAM recaen en los importadores europeos de los productos afectados que, a partir de 2026, deberán comprar certificados de carbono en función de las emisiones incorporadas a los productos importados. Los importadores podrán deducir el eventual pago que hayan realizado en el país de producción por las emisiones de carbono, siempre que la metodología sea equivalente al sistema europeo de comercio de emisiones.

Cuando entra la autoridad fiscal en un asunto, la sencillez desaparece, y el CBAM no es una excepción. Los importadores europeos van a estar sometidos a una burocracia muy importante porque, además de abonar los certificados de carbono, tendrán que recopilar una información muy detallada de las emisiones de sus proveedores, incluida la cadena de suministro de los mismos. Aunque la Comisión será flexible en los primeros meses de 2024, como el objetivo es recopilar información de calidad, los importadores van a tener que acometer importantes modificaciones en su sistema de aprovisionamiento para poder gestionarlo convenientemente.

UNESID es consciente de la maraña burocrática que puede llevar acarreado su cumplimiento. A medida que la CE publique los actos delegados que completen su gestión, se organizarán nuevos webinars para explicar a la cadena de valor de la siderurgia su correcta aplicación.  Para participar en ellos pinche aquí  indicando en el cuerpo del email su nombre, apellidos, empresa o institución.

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Desde el 1 de enero las operaciones con Reino Unido han dejado de considerarse intracomunitarias. Esta circunstancia ha obligado a los operadores económicos a familiarizarse con un nuevo régimen comercial, lo que ha supuesto adaptar múltiples procedimientos, como por ejemplo la liquidación del IVA en el momento de la importación y que junto otras formalidades y los controles aduaneros han provocado un retraso en las operaciones logísticas después de casi 50 años sin afrontar apenas trabas administrativas

Este nuevo “statu quo” ha influido en los intercambios comerciales de productos siderúrgicos y primera transformación entre España y el país anglosajón, lo que ha consolidado la tendencia que ha seguido el comercio desde el Referéndum de 2016.

Importaciones

En el primer mes del año se importaron en España algo más de 9.000 toneladas procedentes de Reino Unido, lo que supone un histórico retroceso del 61,5 % en comparación con enero de 2020 (véase G1) y que fue similar a la contracción del comercio de mercancías entre los dos bloques como reconocen las propias autoridades británicas.

Tras el caos inicial del fin del periodo transitorio, el volumen de importación se normalizó en febrero al superar las 30.000 toneladas, nivel similar al de marzo y abril. De este modo, entre enero y abril se han importado en total unas 104.000 toneladas de Reino Unido, lo que implica un descenso del 6,8 % en comparación con el año anterior (G1).

Exportaciones

Las exportaciones, por el contrario, han seguido otro patrón al adelantar la caída inicial a diciembre de 2020 y que coincide con el confinamiento aplicado por el gobierno de Johnson en los últimos días de Navidad. En el último mes del ejercicio (y del periodo transitorio) se exportaron casi 15.100 toneladas, lo que representa una caída anual del 69,1 % hasta uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años.

En 2021 la actividad exportadora se recuperó progresivamente en línea con el repunte del comercio mundial, al pasar de un ascenso del 3,6 % en enero al 104,4 % en abril. Como resultado, en los primeros cuatro meses de 2021 se han exportado en total casi 185.000 toneladas, lo que refleja un incremento del 30,8 % sobre el año anterior.

El brexit y el impacto de la COVID-19

En los últimos meses se pueden apreciar las primeras señales de recuperación en el comercio bilateral de productos siderúrgicos entre España y Reino Unido, un indicio de la capacidad de adaptación de los agentes económicos a pesar del caos inicial de los efectos del brexit.

Esta mejoría no debe ocultar, sin embargo, el bajo nivel en el que aún se encuentran tanto las exportaciones como las importaciones (G2), especialmente si tenemos en cuenta la contracción del comercio internacional en 2020 que provocó la pandemia[2].

La situación sería incluso peor en el caso de las exportaciones (GR1) al comparar el volumen actual con el de los cuatro primeros meses de 2019 (-16,7 %) y de 2018 (-18,0 %), lo que se traduce en una pérdida de unas 40.000 toneladas.

En UNESID seguiremos vigilando la evolución comercial, por si se produjera un incremento de las barreras no arancelarias o la imposición de nuevos controles aduaneros. Sólo el tiempo y los datos esclarecerán los efectos del brexit y el impacto de la desintegración económica.

[1] Este tratado, aunque ambicioso, ha supuesto la salida del país anglosajón del mercado único y la unión aduanera comunitaria, lo que se traduce en el fin de la libre circulación de mercancías por la imposición de procedimientos y controles aduaneros en ambos lados del canal.

[2] No podemos olvidar que en abril de 2020 las medidas de confinamiento aplicadas por los distintos países llegaron a afectar a casi la mitad de la población del planeta, lo que ha provocado en el primer semestre de 2020 un desplome de la actividad económica y un colapso del comercio mundial por las restricciones a la actividad sólo comparable a periodos bélicos.

Foto de portada: Pixabay

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Clave 1: China

A finales de 2016, se cumplirán quince años del acceso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Entonces, los países miembros concedieron un generoso periodo transitorio de quince años al país del sol naciente para que culminase su evolución a una economía de mercado. Lamentablemente, y las noticias sobre la gestión de la crisis bursátil lo confirman, no ha sido así. China solo cumple una de las cinco condiciones que la siempre reglamentista .

¿Por qué es muy importante si China es o no una economía de mercado? Si la UE la reconociera dicho tratamiento, se haría prácticamente imposible aplicar los instrumentos de defensa comercial contra importaciones desleales procedentes de ese país. Esta nueva situación, en un momento como el actual en el que las empresas chinas están inundando los mercados europeos [gráfico de importaciones chinas] con materiales a precios de derribo, pondría en serio riesgo miles de puestos de trabajo de la industria europea, con un efecto perverso: importaríamos CO2 de China y les exportaríamos empleos.

La UE debe afrontar este asunto y se espera que la Comisión Europea haga pública una propuesta que vaya más allá de una simple aplicación automática de un texto que adolece, como poco, de una meridiana ausencia de claridad (el Protocolo de Adhesión de China a la OMC). Una vez que la Comisión haga su propuesta, el Parlamento Europeo y los estados miembros tendrán que pronunciarse sobre la misma, a lo largo de este año.

Se trata de un asunto muy complejo en el que, más allá de tecnicismos, hay que considerar el . A la vez es un tema urgente por el enorme perjuicio que las importaciones chinas están causando a la industria europea.

Clave 2: economía circular

En diciembre pasado, la Comisión hizo pública su propuesta definitiva sobre lo que se ha denominado “el paquete de la economía circular”, que es el nuevo baby de las instituciones europeas.

La ambición consiste en cambiar la mentalidad de los productores y consumidores europeos, dando el salto a una economía donde tome más peso el reciclaje y la reutilización, frente a la cultura del “usar y tirar”. La Comunicación de la Comisión Europea se acompaña con un plan de acción de 51 medidas dirigidas a múltiples sectores, desde la producción industrial hasta la gestión de los residuos.

Aunque la siderurgia considera -como el burgués gentilhombre de Molière-, que sin saberlo estaba ya en la economía circular, queremos destacar en positivo que la definición del “proceso final de reciclado” devolverá a su ser lo racional: un residuo se recicla cuando se convierte en un producto real. Las medidas destinadas a reforzar la vigilancia del traslado ilegal de residuos a países terceros sin garantías son otro de los aspectos positivos del paquete.

Sin embargo, otros aspectos requieren mejora. Necesitamos que se centre el tema en la gestión de los recursos y no en la de los residuos, y que se incorpore el concepto de “material permanente”, que es aquel que se puede reciclar de manera infinita sin perder sus propiedades, como el acero y el resto de metales.

En la “nueva economía circular” es imprescindible enmarcar el acceso libre de los subproductos al mercado de las materias primas en igualdad de condiciones. Solo así evitaremos que, por motivos exclusivamente burocráticos, toneladas de materiales perfectamente útiles terminen en los vertederos.

Clave 3: Comercio de emisiones (“ETS”)

La Comisión Europea promovió en 2015 una modificación y adaptación del sistema europeo de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero (ETS). Siempre es difícil aceptar un fracaso, y ésta no es la excepción. El ETS se diseñó bajo el paradigma de que las fuerzas del mercado solucionarían, por si solas, el desafío del cambio climático y con la vana esperanza de que el resto de los países se unirían alborozados al sistema europeo, amén de olvidar la existencia de ciclos económicos.

La nueva propuesta de la Comisión, que debe convertirse en Directiva en este año, adolece de algunos de los defectos iniciales, aunque el realismo haya conseguido incluir algunas modificaciones en el sistema.

Comencemos por asegurar lo obvio: el cambio climático antropogénico es, posiblemente, el mayor desafío al que se enfrentan las generaciones que poblarán nuestro planeta este siglo. Nuestra industria está dispuesta a colaborar activamente y estamos seguros de que somos una parte importante de la solución.

La reciente Cumbre de París (COP21) ha visto, por primera vez, el asentimiento de todos los países con el problema, pero creo que, lamentablemente, los compromisos no están al nivel de los desafíos, sobre todo por parte de los países que suponen la “parte del león” de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). El escenario sería otro si EE.UU., China, Rusia e India asumieran compromisos similares a los admitidos por la Unión Europea.

Mientras tanto, los europeos –y nuestras autoridades– debemos ser muy conscientes de nuestro peso real en el mundo. Las emisiones de GEI europeas no llegan al 11% del total mundial, por lo que cualquier reducción de éstas, por drástica que fuera, es irrelevante para el planeta si no va acompañada de los grandes emisores… Esto duele un poco al orgullo eurocéntrico, pero es la pura verdad.
Sería interesante que la Comisión y los gobiernos abandonen algunas cruzadas de tipo casi religioso y comuniquen a la opinión pública los efectos económicos, sociales y ambientales, de las decisiones que se proponen, porque no se debe tratar de cambiar empleos por CO2, como se hace con la deslocalización industrial, y asusta un poco, por lo menos a este firmante, el uso que pueda dar la ONU, a la vista de experiencias anteriores, al fondo para el desarrollo comprometido en la COP 21, al que los españoles vamos a contribuir con una cuantía nada desdeñable.

Tres complicadas claves para un complicado 2016. Ya veremos.

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El estudio de ECOFYS concluye que el sector afrontaría un déficit de asignación del 31% para las emisiones directas en 2021, hasta llegar al 48% en 2030, lo que representa una media de déficit del 38% durante todo el periodo. Utilizando las estimaciones de la evolución de precios del derecho de CO2 estimado por expertos independientes, se ha calculado que esta situación comenzaría con un sobrecoste de unos 1.400 millones de euros en 2021, llegando a los 4.600 millones en 2030 para la producción de acero en Europa. El sobrecoste del esquema asociado a las emisiones directas acumulado para la industria siderúrgica durante todo el periodo 2021-2030 sería de 26.100 millones de euros.

Por otro lado, el sector se encuentra expuesto al coste indirecto del carbono, es decir, coste que las compañías eléctricas cargan a cada kWh lleve o no asociado coste de CO2. Esto supone 8.200 millones de euros adicionales. Los estados miembros tienen la posibilidad de compensar parcialmente a las empresas por este recargo, pero la situación es distinta en cada país, dándose el caso de que en España esta compensación es mínima y por ahora parece que seguirá así.

En definitiva, el coste total neto para el sector siderúrgico se traduce en unos 10 €/ tonelada de acero producido en 2021, ascendiendo a 28€/ tonelada en 2030. Este coste absorbe completamente el margen de beneficio del sector, hundiendo su rentabilidad e incluso su capacidad de acoger inversiones futuras, mina su competitividad, por lo que si se aprueba la propuesta de la Comisión tal y como está, producir acero en Europa sería económicamente inviable. La situación puede producir el desplazamiento de la producción a países donde emitir CO2 es prácticamente gratuito, como China e India, con cierres de fábricas y pérdida de empleo, lo que provocaría una nueva recesión económica en Europa de consecuencias incalculables.

Enlace al estudio de ECOFYS

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