Sirva el siguiente ejemplo. Antes del verano, en un seminario en Santander, el ex ministro no populista, Carlos Solchaga, aseguró que “las empresas de aceros especiales y aluminio no deberían operar en España” porque, a su juicio, al carecer de gas natural y de petróleo generar electricidad es más caro que en otros países.

Sin profundizar, todavía, en cuestiones de índole económica o de política industrial, resulta que, por un lado, la madre Tierra es caprichosa en la distribución de los recursos; y por otro, que la geología no los ha distribuido uniformemente y, además, no ha creado los suficientes “clusters” que tengan todo lo necesario para abastecernos eficientemente.

Comencemos por China. Este país, que más o menos produce y consume la mitad del acero del mundo, es un fuerte importador de petróleo, gas natural y, también, de hierro, mineral necesario para producir acero. ¿Qué consultor ha ido a Pekín a explicarle a sus máximos dirigentes que tienen que cambiar su política industrial? Y que el tamaño de su mercado esté artificialmente inflado da para otra reflexión.

Eliminada China, el acero lo tendrán que producir los que tengan abundantes hidrocarburos: los países del Medio Oriente (Arabia Saudí) y los del Golfo Pérsico. Arabia Saudí exportó 16,3 millones de toneladas de hierro en2021, una cifra testimonial si la comparamos con los 1.900 millones de toneladas de acero producidas en el mundo. Por tanto, poco podrán hacer por mucho que conviertan todas sus exportaciones de mineral en exportaciones del producto terminado.

Llegados a este punto, continuemos con Rusia. El mayor país del mundo con abundantes recursos naturales de todo tipo: petróleo, gas y, también, hierro. Los rusos pueden concentrar la producción de acero y venderlo al resto del mundo, pero… ¿qué puede salir mal? Solo hay que ver lo que ha pasado con el gas. Sin duda, esa política no ha salido nada bien.

En definitiva, antes de tomar decisiones que afectan al bienestar de miles de familias y al funcionamiento de la economía, hay que ampliar la mirada. Tenemos otros recursos básicos necesarios como la chatarra y la electricidad. De momento, en la Unión Europea hay suficiente chatarra. Y aunque la electricidad es demasiado cara, no está escrito en piedra que deba seguir siendo así. También hay que pensar en cómo ser más competitivos apoyándonos en la tecnología, el conocimiento y la innovación. Hay que aproximar la investigación y la producción de los materiales con las industrias que los utilizan como el automóvil, la construcción y la maquinaria, entre otras. Y por último…ya que invertimos muchos esfuerzos, con razón, en impedir los monopolios en nuestro mercado, por favor, dejemos de regalarlos a terceros países.

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Es cierto que produce melancolía hablar de mercado único desde España, donde, por mor de nuestra estructura territorial y la aplicación práctica que hacen las administraciones públicas, a veces el “Mercado único español” es un objetivo casi inalcanzable.

La celebración del aniversario del mercado único coincide en el tiempo con la amenaza que supone, para la economía europea, la puesta en marcha de la ley norteamericana de reducción de la inflación, IRA en su acrónimo inglés, (¡qué ironía!) que en realidad se refiere a sustanciosas ventajas a las inversiones industriales en ese país. La respuesta europea, en discusión, podría tener aún más efectos indeseables en el desarrollo del mercado único europeo.

Me voy a centrar en tres riesgos que afronta el mercado único: la disgregación del mismo al socaire de la reglamentación de ayudas de estado; la posible, y más que probable, fragmentación ante la ausencia de normas armonizadas y homogéneas para la venta y circulación de productos en el mercado europeo; y, por último, la ausencia de un verdadero mercado único de la energía. Hay otras amenazas, casi siempre provenientes de un mal entendido ejercicio de soberanía por los gobiernos y parlamentos nacionales, y ante la gran debilidad de la actual Comisión Europea frente a esas amenazas.

La pandemia cambió radicalmente el panorama y todos, absolutamente todos los países de la UE se lanzaron a desarrollar programas de ayudas a sus ciudadanos y empresas para que pudieran capear el temporal. La crisis energética agudizada por la invasión de Ucrania ha intensificado esas actuaciones, con el beneplácito de la Comisión, incapaz de plantear otro modelo que dejar a los estados regar con dinero público, cada cual en función de sus prioridades. Esta situación es especialmente alarmante, sobre todo para “los pobres”, en particular los del sur de Europa, cuyos gobiernos carecen de la fortaleza financiera de otros y, a veces, de la voluntad política de dar prioridad a las actividades realmente productivas y que generan valor a la sociedad española, ante tentaciones electorales o populistas, con miras a corto plazo.

A España le corresponde la presidencia rotatoria del Consejo en el segundo semestre de 2023. Aunque el calendario no ayuda, con los procesos electorales españoles ante el fin de mandato de la Comisión y del Parlamento Europeo, me gustaría que este asunto se mantenga bien alto en la lista de prioridades de la presidencia española. ¿Si existe una nueva Europa de dos velocidades, en cuál es más factible que «caiga” España?

El slogan político de «no dejar nadie atrás» morirá cuando haya una Europa de regadío y otra de secano.

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Los paralelismos entre 2022 y la inflación de los 70

En 1973 estalló la “primera crisis del petróleo” tras la guerra de Yom Kippur. La actividad económica cayó por la espiral inflacionista que desencadenó la drástica subida del precio del crudo y las medidas adoptadas para contener los precios. Como se puede ver en el gráfico 1, en España la inflación no bajó del 10% en más de una década, rozando el 30% a finales de 1977.

Detrás del regreso de la inflación en 2022 también se encuentra una guerra, si bien el gas ha sustituido al petróleo como epicentro de la escalada de precios.

La historia no se repite, pero rima: el despliegue de las renovables

A pesar de la dependencia europea respecto al gas ruso, los países europeos se encuentran en una mejor posición que en los 70 gracias a la riqueza de las fuentes de generación de electricidad. Tomemos como ejemplo a España (gráfico 2). En 1973 el peso del petróleo y otras fuentes convencionales no renovables representaban más de la mitad de la generación.

Con el cambio de siglo el desarrollo tecnológico ha permitido incrementar poco a poco el peso de las renovables hasta suponer 47% de la energía producida en 2021. El camino del ciclo combinado (gas) ha sido distinto al bajar su peso hasta casi el 18 % en 2021 y sin embargo, marca el precio de la luz como resultado del sistema actual de fijación de precios. De nada sirve que la mayoría de la energía sea renovable si se paga al mismo precio desorbitado.

La actividad económica está resistiendo mejor que en los 70, con un precio del petróleo y otras materias primas más contenidos. Pero si la electricidad o los derechos de CO₂ continúan por la misma senda la espiral inflacionista se acentuará, lo que pondrá en riesgo el crecimiento, el empleo y la inversión.

Voluntad política para cambiar las reglas

Todavía estamos a tiempo. La presidenta de la Comisión ha reconocido la necesidad de reformar el sistema de fijación de precios del mercado de la electricidad. Ciertamente el “tope del gas” del gobierno español ha aliviado algo la situación, sin embargo, la solución a la crisis energética se debe abordar a escala europea.

En UNESID llevamos años planteando propuestas a las autoridades nacionales y europeas que reviertan la grave pérdida de competitividad que supone el coste de la electricidad excesivamente alto (especialmente para las industrias hiperintensivas en energía como la siderurgia), por ejemplo:

• Subastas por tipo de tecnología.
• Utilizar la reserva de estabilidad del CO₂ para reducir su precio.
• Recuperar el mecanismo de interrumpibilidad para la electricidad, y posiblemente también para el gas.

Se acerca el invierno y si Alemania se constipa por la escasez de gas que se prevé, Europa estornuda. La urgencia de la situación requiere medidas valientes, pero evitemos parches temporales.

Foto de portada: David Falconer / EPA / US National Archives

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Muchos pensamos que en esta situación crítica se puede y debe reformar este mercado marginal, en el que todos los productores que venden en una hora determinada cobran el precio del que ha hecho la oferta más cara. Los partidarios de no hacer nada argumentan que no se debe intervenir el mercado. Literalmente dicen que “no podemos apoyar ninguna medida que represente una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado eléctrico y de gas”. ¿Por qué creo que no tienen razón? Tal como lo expresan en la frase anterior, parece que lo que tenemos es la única manera de que haya una solución competitiva, pero el mercado actual no es libre sino definido por el regulador en el siglo pasado. Sus objetivos eran asegurar la inversión y el suministro, y también abrir la puerta al desarrollo de las energías renovables. Pero no está escrito en piedra que el mercado actual sea la única manera de conseguir estos objetivos. Además, el interés por invertir en generación renovable es muy alto. En la subasta de octubre de 2021 se adjudicaron 3,1 GW de potencia a precio medio de 30,59 €/MWh y máximo de 36,88 €/MWh.

¿Qué alternativa hay, respetando los objetivos del modelo anterior? Existen muchas pero una de ellas no supone un gran cambio en el funcionamiento práctico y mejora la filosofía del mercado marginal, que se caracteriza, entre otras características, por el comercio de bienes homogéneos. Cuando se diseñó el mercado eléctrico, podíamos pensar que un electrón producido en una central de gas y otro de una placa solar eran homogéneos, pero ahora sabemos que no lo son. Las compañías eléctricas hacen grandes esfuerzos de marketing para vender, preferentemente, energía verde. Ahora es un producto distinto. Y los consumidores, de todo tipo, también discriminan y prefieren los electrones verdes antes que los “sucios”. El producto se ha dividido en dos, pero la regulación del mercado eléctrico no. Y se ha quedado obsoleta.

Por tanto, ¿por qué no separarlos? Desacoplar el precio del gas es simplemente hacer dos subastas de acuerdo a su tecnología: una con la generación que no emite CO₂ y otra con la que sí lo hace. La filosofía es la misma, no hay un cambio radical, pero si el gas y el CO₂  disparan el precio de una de las subastas hasta 700 €/MWh evitamos pagar esa cantidad a todo el sistema. Y se evitan soluciones que pueden tener efectos secundarios imprevisibles, como intervenir el mercado de manera artificial o introducir impuestos extraordinarios a las empresas productoras.

Desgraciadamente, la oposición a esta medida todavía es fuerte, pero la situación es tan crítica que espero que acabe por imponerse. La alternativa, con los precios actuales, es volver a vivir un shock de oferta como el de la crisis del petróleo de 1973.

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La Comisión Europea ha lanzado una Comunicación “RE Power EU”(Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible) que pretende abordar dos problemas: por un lado, la disminución de la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos, notablemente el gas; y, por otro, atajar o atemperar el impacto que la escalada de precios de la electricidad tiene en las familias y empresas europeas. En este comentario me centraré en el segundo aspecto, mucho más urgente que el primero y muy relevante para la industria y la economía españolas.

Las recetas que la Comisión propone —que no serán efectivas mañana, ni la semana próxima, ni antes de Semana Santa—, se centran en tres aspectos:

1) la posibilidad de intervenir el precio de la electricidad para beneficiar a los consumidores vulnerables y microempresas.

2) Aumentar la posibilidad de que los Estados miembro den ayudas públicas a las empresas (los más ricos las podrán dar [Alemania, Holanda, etc.] pero otros, como España, tendrán muchas limitaciones para ello).

3) Imponer un impuesto temporal a los “beneficios caídos del cielo” como consecuencia del aumento del precio del gas natural (pero no de los derechos de CO2).

Nada se puede objetar a que los poderes públicos alivien la carga de las familias vulnerables, que ya son muchas más por el efecto de la escalada de precios, pero el resto de las medidas suponen un auténtico dislate: pretender dar una tirita para parar una hemorragia que amenaza seriamente a la economía.

Suena hiriente que se quiera solucionar el problema sin entrar siquiera de forma provisional en el esquema de formación de precios. El método de “cobrar para luego repartir”, que propugna la Comisión, supondrá que la industria electrointensiva española tenga que seguir pagando unos precios astronómicos, sin ninguna vinculación con los costes de generación reales del 80% de la electricidad producida en nuestro país.

La propuesta de UNESID, junto con otras asociaciones, es sencilla y directa: que el Gobierno, por motivos de emergencia y con carácter temporal, desacople el efecto de los combustibles fósiles en el mecanismo de formación de precios de la electricidad. No hay ninguna justificación para que se mantenga ese sistema en la situación de emergencia de guerra que estamos padeciendo.

Y esta vez, desde luego, el Gobierno será responsable de los efectos perniciosos que una ausencia de medidas inmediatas y efectivas pueda tener en la economía y el empleo en nuestro país. Los burócratas de Bruselas, muy felices en su torre de marfil, no serán responsables de esos efectos.

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So an update became necessary that took into account the implications of a slump in economic growth (6.4%), massive turnover losses by SMEs (60%) and an unprecedented fall in intra-EU trade (24%) – a perfect storm, in other words, for Europe’s economies.  They were already facing the need for a transition towards much more sustainability, including production processes and consumption patterns and vast investments in better (IT) infrastructure and in new skills for workers young and old.

In addition, unfair competition from third countries and market distortions were not tackled because of a lack of trade governance at the global level. When it rains it pours: and so a health pandemic mercilessly laid bare shortcomings and accelerated demands and trends from digitalisation to online work to the need for more diverse and resilient supply chains and production capacities

The EU’s ambition now should not only be to recover from the knocks of the pandemic but to pursue a horizontal industrial policy that again puts Europe in a global leadership position.  Our draft opinion on INT/935 Updating the new industrial strategy therefore starts with the observation that a coherent industrial strategy should be focused on two dimensions: recovery from the pandemic and reconstruction and resilience.

It was noted as a positive feature that the EU still believes industry and manufacturing to be of high importance for the prosperity of its citizens. Shortages in strategic value chains, however, as well as shortages of skilled workers, are undermining European industries’ ability to recover rapidly from the pandemic.

It is crucial that  Member States  and the EU tackle strategic dependencies, including  through reindustrialisation, the  circular economy, trade policy and skills-related measures. They need to do this by involving workers and companies – i.e. the social partners – in creating a shared understanding and a pathway towards the common goal: a far more sustainable and digital economy and society. Skill will be crucial in enabling not only the transition itself but people across Europe to drive and benefit from it and allow people to earn their living wherever they are in the EU.

The European Commission has outlined in its industrial strategy Key Performance Indicators, industrial ecosystems, Scoreboards and Dashboards that it aims to put together, monitor and map to provide useful data for evidence-based decision making. These overviews, such as the Annual Single Market Report  or  the monitoring  of  critical  raw  materials,  are  important  elements in assessing the EU’s industrial strengths and weaknesses.

Nonetheless, all the data in the world will not replace decisive political action or, on their own, re-assert Europe’s global role. Policies must not only be developed but also implemented. SMEs, who are the backbone of our economy, drivers of innovation and represent the bulk of employers, have to be given a favourable framework for growth, which includes a real and functioning single market.

Some of the European Commission’s instruments, such as IPCEIs (Important Project of Common European  Interest)  or  industrial alliances, are very good focal points for joint industrial action and can  provide  the  necessary framework  conditions  for  economic actors  across Europe. To maximise the impact, Europe needs to remain open for investment and trade but simultaneously address unfair competition and market distortions. A seemingly small but nevertheless key element of industrial global  leadership  are European standards: developed by European companies, they offer a crucial gateway for European leadership in manufacturing and should therefore receive greater support and attention.

The update of the Industrial Strategy includes good analyses and assessments as well as good plans and policies. But a strategy without execution is useless. The EESC’s main message therefore remains: sail the course, don’t just chart it!

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