Es más fácil decir lo que no es que lo que es. No es un impuesto. Tampoco un arancel aduanero, aunque algunos sectores y medios de comunicación así se refieran a este sistema. Se trata de un mecanismo novedoso, desarrollado por la Unión Europea y aprobado el pasado mes de agosto, que pretende equilibrar el coste climático de las empresas europeas en comparación con las empresas de países terceros. Sus objetivos, luchar contra la deslocalización de la industria europea y extender a países terceros la ambición climática de la Unión.

Este instrumento de gran complejidad comenzó a rodar, en periodo de prueba, el pasado 1 de octubre. Ante su dificultad, y atendiendo al compromiso que el sector tiene con la sociedad y las partes interesadas, UNESID organizó, el pasado 20 de noviembre, un webinar en el que participaron más de 90 personas que representan al sector siderúrgico, de la transformación y distribución de productos siderúrgicos; así como a los medios de comunicación interesados en este tema. En paralelo, la industria siderúrgica esperaba que la Administración española hubiera convocado a todas las partes interesadas para explicarles el mecanismo y resolver las dudas de los operadores pero, por ahora, el único acto del Gobierno ha sido abrir un buzón de correo electrónico.

Al estar en un periodo provisional, la propia Comisión Europea (CE), que todavía tiene que desarrollar una serie de actos delegados, está en un proceso de “aprendizaje sobre la marcha” y los importadores no tendrán que pagar durante este tiempo. La propia Comisión ha publicado, recientemente, un listado de preguntas y respuestas en inglés al que se puede acceder aquí.

Adicionalmente a los dos objetivos principales (evitar la deslocalización de la industria y expandir la ambición climática de la UE), la Unión ha puesto todo el empeño en atenerse a las reglas y normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque algunos países, principalmente exportadores a la UE, manifiesten serias dudas sobre el mecanismo al que acusan de proteccionista.

Por tanto, su aplicación será gradual entre 2026 y 2034. Para evitar una doble protección a la industria europea se acompasará con una reducción de las asignaciones gratuitas a los sectores sometidos a este mecanismo.

Esta “obsesión” por la OMC ha causado algunas disfunciones relevantes a la industria europea, al desarmar las exportaciones europeas, que deberán asumir el coste climático europeo en su totalidad, lo que mermará seriamente la competitividad de la industria en los mercados mundiales.

Las responsabilidades financieras asociadas al CBAM recaen en los importadores europeos de los productos afectados que, a partir de 2026, deberán comprar certificados de carbono en función de las emisiones incorporadas a los productos importados. Los importadores podrán deducir el eventual pago que hayan realizado en el país de producción por las emisiones de carbono, siempre que la metodología sea equivalente al sistema europeo de comercio de emisiones.

Cuando entra la autoridad fiscal en un asunto, la sencillez desaparece, y el CBAM no es una excepción. Los importadores europeos van a estar sometidos a una burocracia muy importante porque, además de abonar los certificados de carbono, tendrán que recopilar una información muy detallada de las emisiones de sus proveedores, incluida la cadena de suministro de los mismos. Aunque la Comisión será flexible en los primeros meses de 2024, como el objetivo es recopilar información de calidad, los importadores van a tener que acometer importantes modificaciones en su sistema de aprovisionamiento para poder gestionarlo convenientemente.

UNESID es consciente de la maraña burocrática que puede llevar acarreado su cumplimiento. A medida que la CE publique los actos delegados que completen su gestión, se organizarán nuevos webinars para explicar a la cadena de valor de la siderurgia su correcta aplicación.  Para participar en ellos pinche aquí  indicando en el cuerpo del email su nombre, apellidos, empresa o institución.

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Establecer metas realistas es esencial para el éxito de los proyectos. Los objetivos que fijan las leyes, los planes estratégicos o de actuación que traza el Gobierno deben estar en sintonía con la realidad. De lo contrario, podrían transmitir señales confusas a la sociedad y poner en riesgo las metas que se pretenden alcanzar. Sirva como ejemplo, desgraciadamente, la revisión del Plan Nacional integrado de Energía y Clima (PNIEC), en la que UNESID ha participado en la fase de consultas.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030

La actualización del PNIEC, grosso modo, pretende acelerar la descarbonización de España, incrementando la ambición de los objetivos climáticos y energéticos (tabla1). Más allá del baile de cifras que recoge el documento de más de 600 páginas, desde la perspectiva industrial llama la atención el impacto económico y, en particular, la inversión asociada al plan.

¿Son realistas las inversiones que contempla el PNIEC?

En concreto, la actualización estima que entre 2023 y 2030, el plan movilizará una inversión de 294.000 millones de euros en España. De esta cifra, 250.000 millones procederán del sector privado (el 85% del total), es decir, la industria tendrá que hacer un esfuerzo de casi 36.000 millones de euros al año (asumiendo un ritmo constante).

Sin embargo, la realidad es tozuda. Según los últimos datos del INE, en 2021 la inversión total en activos materiales realizada por la industria (incluyendo al sector eléctrico) ascendió a casi 27.500 millones de euros. Por tanto, el PNIEC está asumiendo que toda inversión, hasta 2030, se destinará a la transición energética, pero aun así, faltarían más de 8.200 millones de euros por año para alcanzar ese objetivo (gráfico 1). El borrador no especifica claramente si las cifras de inversión son en términos constantes o corrientes, aunque es un dato que tampoco cambiaría el panorama general.

Por tanto, se dibujan dos escenarios igualmente irreales. En el primero, toda la inversión privada se dedica al PNIEC y se abandona la que no tenga que ver con la energía, lo que provocaría la desaparición de la industria. En el segundo, se realiza la inversión del PNIEC y se mantiene la necesaria para la actividad industrial, lo que multiplicaría el peso de la inversión en el PIB entre 1,5 y 2. Parece ser que los redactores se inclinan por este último escenario, ya que dicen que “el sector privado no se enfrentará a restricciones de financiación”, y que “ésta se producirá al coste habitual del capital”. Pero asumir que a largo plazo las empresas tienen acceso a financiación ilimitada y en buenas condiciones, justo lo contrario a lo que está pasando desde julio de 2022, es una hipótesis poco realista.

La senda hacia la sostenibilidad y neutralidad climática

Suele decirse que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. De poco sirve marcar unos objetivos ambiciosos si, en la práctica, son inasumibles para la sociedad. Afortunadamente, el sector del acero español parte con ventaja  al reciclar más de dos terceras partes del acero que produce, reutiliza la mayoría de residuos y subproductos que genera y, ya en 2019, se comprometió a alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

Todos ganamos con un futuro más sostenible. La Comisión Europea y el Gobierno deberían apostar con mayor firmeza por la industria e impulsar las ingentes inversiones necesarias para la descarbonización. Esto implica establecer unos objetivos asumibles y realistas junto a una regulación inteligente, dada la magnitud del desafío que afrontamos. La dirección en la lucha contra el cambio climático está clara pero, en ciertos aspectos, falta calibrarla.

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Ante esta situación, la Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA), dentro de su foro de trabajo de Economía Circular, organizó el webinar «Agua y Acero: revolucionando la gestión hídrica para un futuro más circular», en el que se expusieron posibles soluciones para afrontar el desafío de la escasez de agua.

A lo largo de la jornada se abordaron una amplia variedad de temas, así como la implementación de medidas de reducción de la huella hídrica, avances tecnológicos y aspectos regulatorios. Además, se trataron los principales obstáculos a los que se enfrenta la industria a la hora de buscar una mayor eficiencia en el consumo de agua, especialmente, en la incorporación de agua regenerada. En este sentido cabe destacar:

1. Optimización del uso de agua regenerada. Es esencial incrementar su uso en la industria. Actualmente representa menos del 10%. Este recurso tiene un gran potencial al ser independiente de las condiciones climáticas.
2. Inversión en infraestructura. Es necesario invertir en infraestructura para transportar el agua desde la fuente hasta el punto de consumo industrial. Esta inversión representa un aumento significativo de los costes para las empresas.
3. Simplificación administrativa. Hay que agilizar los procedimientos administrativos para la concesión de permisos de uso de agua regenerada.
4. Flexibilidad en los valores de vertido. Facilitaría la implementación de medidas destinadas a reducir el consumo de agua.

En este evento participaron María Pedro (PTEA), Desirée Marín (CETAQUA), Alicia Andreu (ITC), Carlos Sánchez (Siderúrgica Sevillana), Carmen Sánchez-Carpintero (ASPAPEL), Núria Oliver (GLOBAL OMNIUN) y Andrea Naves (EURECAT). Todos ellos son destacados expertos de diversos sectores industriales y profesionales especializados en la gestión del agua. Durante este encuentro pudieron compartir inspiradores casos de éxito que han sido implementados para afrontar este reto.

En definitiva y a modo de reflexión… ¿se está brindando el suficiente apoyo a estas iniciativas, considerando que ningún sector empresarial puede producir sin agua? Responder a esta pregunta es crucial para garantizar un futuro sostenible desde el punto de vista ambiental y económico.

Puede acceder al video completo del evento aquí.

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Es evidente que la industria europea está en un momento de plena transición: la transición industrial hacia la  descarbonización es el reto más importante desde la industria europea desde la revolución industrial, un cambio de paradigma. Lo que antes valía ya no valdrá.

La transición no es energética, o no solo energética. Desde hace más de 100 años se sabe cómo generar energía no emisora, ya sea mediante biomasa o “moviendo” electrones mediante electricidad de origen renovable o nuclear. Estos vectores energéticos se han incorporado a los procesos industriales, afinando y optimizando en base a  carbono/hidrocarburos fósiles, durante decenas de años, incluso centenas en el caso de los hornos altos, convirtiéndose en el reactor químico más grande existente.

La revolución digital ayuda pero todos vivimos en un mundo físico, donde queremos tener trenes, casas, automóviles, puentes, ventanas, solados, conectar la televisión y que se encienda… Por mucho metaverso que nos quieran vender, bebemos, comemos y amamos en un mundo físico, parafraseando la película de Ang Lee. Y estoy seguro que así seguirá por algún tiempo. Y hasta el metaverso requiere de infraestructuras físicas.

La siderurgia española firmó en otoño de 2019 su compromiso  de alcanzar su neutralidad climática antes de 2050, haciéndolo público durante la COP25. El acero español parte de una buena posición. Reciclamos dos terceras partes del acero que producimos con una huella climática inferior al 20% respecto al que proviene del mineral de hierro. Posteriormente, lo ha hecho también un gran número de sectores industriales e incluso constituye un aspecto básico de la política europea, como el Pacto Verde Europeo.

Dadas las ingentes inversiones industriales que serán necesarias para descarbonizar Europa, más de 100.000 M€ solo para la siderurgia, la industria está  asumiendo que en muchos casos no es posible un proceso incremental. Cada horno, reactor o caldera independiente de un proceso industrial, se descarboniza todo o nada (en términos de emisiones directas). No serán frecuentes “medio descarbonizaciones” de procesos industriales, aunque sí por escalones. Una excepción pueden ser los procesos térmicos que con el correcto diseño pueden ir sustituyendo los combustibles fósiles por otros vectores. En los casos en que se requiera más que  un efecto térmico se deberán optar por cambios de procesos productivos para que acepten otros vectores energéticos o químicos.

Las opciones más frecuentes, no solo para la siderurgia, serán

• Electrificación de procesos
• Uso de Hidrogeno o derivados como el NH3 generados para acumular energía o para aprovechar sus características química y térmica
• Empleo de otros posibles combustibles neutros en carbono (de síntesis o biocombustibles), seguramente también empleando algo de hidrogeno y CO2 o biomasa
• Otras posibilidades como usos de fotocatálisis directa, pero sus usos son más nicho
• Economía circular. La reducción de CO2 más eficiente es la que no se necesitó ni emitir
• Captura y almacenamiento y aún mejor captura y uso

Sin embargo, las barreras (o motores) tecnológicos y las barreras (o motores) económicas para que sean económicamente compatibles en sectores sometidos a un intenso comercio internacional, definen muchas condiciones para que dicha transición industrial se haga con la industria, y no sobre la industria. Este ecosistema puede favorecer o ser limitante; constituye las barreras o motores legales y administrativos.

La incertidumbre es máxima porque por ahora las cuentas no salen. Los costes operativos diferenciales son inasumibles por el mercado. Se habla de generación eléctrica a costes inferiores a 15-20$/MWh y llegar a la barrera de 1,5 $/kg H2 o incluso 1 $/kg H2 (Energy Earthshots Initiative) que permitirían competir y derrotar a los combustibles fósiles.

Los costos operativos son adicionales y condicionantes a las ingentes inversiones en  desarrollo e instalación de nuevos procesos. Pero si estos no cuadran, los costes operativos de la electricidad o de su acumulación energética intermedia con hidrógeno deben ser competitivos.

La incertidumbre ya es máxima, pero se empeñan que sea aún más. La Revisión de la Directiva Emisiones Industriales entra en escena.

Aquí finaliza la primera parte de este blog. En un par de semanas os contaré como pienso que interacciona la propuesta de revisión de Directiva de Emisiones Industriales con la descarbonización. Sería una pena que la directiva en vez de apoyar, dotando de flexibilidad la transición, se convierta en un marco rígido que lo dificulte. Aquí lo dejo.

Me gustaría recibir vuestros comentarios sobre la transición industrial. Será enriquecedor para otros compañeros y para mí.  ¿Dónde consideráis que están las principales las barreras y cómo levantarlas para que Europa haga la transición sin exportar la transición, o lo que es lo mismo, sin importar las materias primas?

Continuará….

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En esta entrada vamos a tratar de resumir brevemente qué hay detrás de este concepto, de dónde viene, cómo nos va a afectar y por qué va a ser tan importante este año.

¿Qué es la #taxonomía?

Se trata de una herramienta que nos ayuda a clasificar algo. En este caso define qué actividades pueden considerarse como sostenibles y cuáles no; sirve para dar soporte a inversores, compañías y promotores de proyectos en la toma de decisiones sobre la mejor manera de apoyar e invertir en actividades económicas que contribuyan a una transición hacia una economía baja en carbono, resiliente y eficiente en consumo de recursos.

Esta definición aparentemente sencilla, no lo es en absoluto puesto que conlleva la necesidad de establecer límites entre lo que es una actividad sostenible y lo que no. Para ello, el grupo de expertos encargados de su definición ha acordado que una actividad podrá considerarse sostenible cuando contribuya substancialmente, como poco, a uno de 6 objetivos marcados, siempre y cuando no dañen al resto. Los 6 objetivos sobre los que se basa esta definición son los siguientes:

1. 1. Mitigación del cambio climático
   2. Adaptación al cambio climático
   3. Protección del agua y los ecosistemas marinos
   4. Prevención y control de la contaminación
   5. Transición hacia una economía circular
   6. Protección de los ecosistemas y la biodiversidad

Contexto y situación

Aunque el concepto #taxonomía no es nuevo, en los últimos años se ha intensificado su uso.

¿De dónde viene?

A finales de 2019 la Comisión Europea lanzó el Pacto Verde Europeo cuyo objetivo principal es transformar Europa en una economía moderna, eficiente, resiliente y competitiva. Para ello se han desarrollado distintos ejes de actuación (neutralidad climática, protección de los ecosistemas, proveer de energía limpa a la sociedad, etc.), siendo uno de ellos el plan de acción de finanzas sostenibles.

La herramienta #taxonomía se enmarca dentro de este plan, siendo la responsable de tejer un ecosistema de actividades consideradas como sostenibles en las que se base la economía europea.

Para ello, la Comisión Europea aprobó en 2020 el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. Este documento incluye deficiones de conceptos básicos, criterios elementales bajo los que se establece qué actividades pueden considerarse como sostenibles y los principios que rigen este Reglamento. Por tanto, se trata de un documento que da unas pinceladas generales sobre el tema, pero que no lo concreta demasiado.

Con el objetivo de una mayor definición se estableció la necesidad de definir actividades elegibles en base a los 6 criterios principales recogidos en la introducción. Así, en diciembre del año pasado, la Comisión publicó el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión que establece los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo. Este documento incluye las actividades económicas que, a priori, serían elegibles como sostenibles o que facilitan una transición hacia la sostenibilidad en base a los criterios 1. Mitigación del cambio climático y 2. Adaptación al cambio climático.

¿Cómo nos va a afetar a las empresas que conformamos UNESID?

Las actividades que conforman UNESID disponen de un código CNAE (o código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Las actividades elegibles se han categorizado por actividad CNAE, por lo que el primer paso es determinar si estamos dentro o no. Una vez confirmada la inclusión de nuestra actividad CNAE, deberemos probar que nuestra actividad contribuye substancialmente a uno de los 6 criterios definidos, sin dañar ninguno de los criterios restantes. Además, habrá que demostrar que nuestra actividad cumple las garantías sociales mínimas (por ejemplo, en materia de derechos de los trabajadores, reunión y asociación, etc.). Si al finalizar esta evaluación nuestra actividad económica es elegible y está alineada con lo aquí dispuesto, será una actividad sostenible, promocionable y financiable y tendrá que divulgar información cuantitativa y cualitativa que lo pruebe.

El hecho de ser una actividad elegible supondrá a priori un impacto reputacional positivo, mayor y más fácil acceso a financiación, apertura de nuevas oportunidades de mercado y una sistemática en la gestión de riesgos que aportará un mayor grado de resiliencia a dicha actividad.

¿Por qué la #taxonomía va a marcar el 2022?

Como ya se ha mencionado, existe el primer Reglamento Delegado que cubre los criterios de mitigación y adaptación al cambio climático. Durante 2022 se prevé que la Comisión lance reglamentos delegados adicionales que complementen al primero, definiendo actividades elegibles para los restantes 4 criterios que definen si una actividad puede considerarse como sostenible o no.

En UNESID continuaremos evaluando cómo el primer y los posteriores Reglamentos Delegados impactan en nuestras empresas y cómo podemos demostrar que nuestro sector es una pieza clave en la ansiada transición hacia una economía sostenible.

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En anteriores ocasiones, este blog ha albergado ya entradas sobre los retos a los que el sector deberá hacer frente en materia de sostenibilidad. Esta nueva entrada no volverá sobre lo ya tratado, irá un poco más allá centrándose en el concepto real de #sostenibilidad y responsabilidad.

Nuestro sector produce un material básico para la economía a partir de materias primas que adquirimos de nuestro entorno. Los trabajadores de nuestras plantas, con una tecnología puntera y una formación continua, hacen posible esos procesos. En el transcurso de las operaciones, generamos impactos positivos y negativos en el ecosistema de la empresa y en todos aquellos otros con los que interaccionamos de forma más o menos directa. Los retos de nuestro sector deberían orientarse a disminuir los impactos negativos que generamos a nuestros grupos de interés (emisiones, uso de recursos limitados, generación de residuos, ocupación del terreno, ruido, tráfico de camiones, etc.), y a potenciar los positivos (generación de empleo, consumo de materias locales, instalación de tecnologías que eviten emisiones que puedan afectar a nuestros vcinos, etc.).

El paradigma hacia el que está virando la #sostenibilidad de los sectores industriales pasa por minimizar los impactos negativos y fomentar los positivos, pero va mucho más allá. La transformación de nuestra forma de operar se basa en influir no solo en las cadenas de valor que conformamos —a través, por ejemplo de modelos de gestión que salen de nuestro marco de operaciones—, sino en tratar de analizar qué valor como sector industrial podemos aportar a la sociedad. Para ello, es evidente que debemos de solventar problemas más específicos, como nuestra contribución al cambio climático, uso intenso de recursos, generación de pasivos ambientales, afección del entorno, generación de empleo de calidad que palie desequilibrios sociales, etc. Sin embargo no  debemos perder de vista cómo puede nuestro desempeño, tanto organizacional como  personal— mejorar las condiciones de la sociedad en su conjunto.

Con ello no estoy aludiendo a un slogan de ONG, la cuestión es que la información en materia de sostenibilidad es cada día más requerida por los accionistas de las grandes corporaciones, la sociedad, en general, y, por supuesto, la regulación. La licencia social para operar depende intrínsecamente de que seamos capaces de satisfacer estos requerimientos (no solo de información sino de contribución) que nos hacen nuestros grupos de interés, tanto aguas arriba como aguas abajo de nuestra cadena de valor.

La realidad descrita hace que el sector deba plantearse cómo conseguir una sistemática que asegure que potenciamos la mejora de la sociedad con las decisiones que tomamos y las tareas que desempañamos (más allá del cumplimiento normativo en materia de información no financiera y la participación de en los índices de sostenibilidad o sistemas de reporting como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) o FTSE4Good).

El sector siderúrgico es un sector comprometido con la sostenibilidad de sus operaciones. El compromiso por absorber este cambio de paradigma es sólido y marcará nuestra línea de actuación en la consecución de todos los objetivos específicos que nos hemos marcado.

La entrada #SOSTENIBILIDAD: MUCHO MÁS QUE MEDIO AMBIENTE, ECONOMÍA Y ASPECTOS SOCIALES se publicó primero en UNESID.