El consumo en nuestra sociedad ha crecido en el último siglo de manera exponencial. Sin embargo, es en el último tercio del siglo XX cuando se ha consolidado el consumo generalizado en nuestro país. Esto se debe fundamentalmente al incremento de las rentas de los hogares, al contagio de las pautas culturales de las economías occidentales y a la consolidación del concepto de calidad de vida.
Si bien el crecimiento del consumo ha ido desarrollándose paralelamente a la exigencia, por parte de los consumidores, de una mayor calidad y seguridad de los productos, no ha sido hasta hace poco que el consumidor ha comenzado a preocuparse también del impacto en el medio ambiente y en la sociedad de sus decisiones de compra. Sin embargo, la responsabilidad social y ambiental todavía se encuentra lejos de ser un referente valorativo en las decisiones de consumo.
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de España contempla entre sus objetivos el promover la libertad y racionalidad del consumo y adecuar las pautas a un uso racional de los recursos naturales. Del mismo modo, establece el derecho de los consumidores a disponer de una información veraz, eficaz y suficiente sobre los productos que adquieren.
Consumo responsable significa tener en cuenta en nuestras decisiones de compra, además del precio y la calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción así como las consecuencias medioambientales durante los procesos de fabricación. Y esto debe ser tenido en cuenta en TODAS las etapas de producción de un bien, tanto en la extracción de las materias primas, como su procesado, fabricación, ensamblado, distribución y fin de vida útil. Se trata de conocer la historia de ese producto, su ADN, para determinar qué tipo de modelo productivo estamos promoviendo cuando lo adquirimos.
La trazabilidad del producto así como la transparencia de las empresas en cuanto a sus modelos de producción es fundamental para lograr este objetivo. La industria productora debe garantizar que el producto cumple con unos estándares ambientales, pero también que durante su producción, tratamiento, transformación, almacenaje y envío, se hayan respetado los derechos de los trabajadores y se haya actuado de acuerdo a unos estándares laborales y éticos. Asimismo debe asegurar modelos de compra responsable de las materias primas que adquiere. Esta tarea no es sencilla debido a que hoy en día las cadenas de suministro son globales, lo que significa que compramos materias a lo largo y ancho de todo el planeta, trasportándolas la mayoría de las veces decenas de miles de quilómetros hasta su punto de consumo. Cada decisión de compra tiene consecuencias locales pero también globales.
El gobierno, la industria y el consumidor son responsables a partes iguales de lograr un verdadero consumo sostenible. El gobierno debe actuar como elemento tractor, exigiendo por un lado a los productores el cumplimiento de los citados estándares y por otro, dando ejemplo mediante la implantación de políticas de compra pública responsable. La industria debe alcanzar los mayores niveles de transparencia, implantando sistemas certificados de compra responsable y poniendo a disposición de la cadena de producción y finalmente del consumidor, información verídica y fidedigna sobre su responsabilidad social y ambiental. Y finalmente el consumidor debe exigir dicha trazabilidad y transparencia a todos los bienes y servicios que consume, adquiriendo solo productos que garanticen una producción respetuosa con el medio ambiente y en condiciones laborales éticas y dignas.
El reto es enorme en un mercado tan globalizado como el actual, existen ya iniciativas que promueven la implantación de modelos de compra responsable en las cadenas de suministro. Los consumidores y la industria debemos ser conscientes de que, con cada pequeña decisión de compra, estamos promoviendo un modelo de producción concreto en alguna parte del planeta y por tanto, somos responsables también del impacto social, económico y ambiental que dicho modelo productivo está causando.
